Publicación: Efectos de la introducción de jurados en Colombia frente a la celeridad en el procedimiento penal abreviado ley 1826 de 2017
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Resumen en español
La figura del jurado ha representado históricamente un símbolo De la intervención ciudadana en la administración de justicia en Colombia, desde su introducción en la Nueva Granada hasta su eliminación definitiva mediante el Decreto 1861 de 1989 esta institución reflejó la aspiración de equilibrar el poder punitivo del Estado con la visión moral del pueblo. Sin embargo, su supresión, justificada por razones de celeridad procesal y seguridad jurídica, marcó el tránsito hacia un sistema penal técnico y profesionalizado. La Constitución de 1991 no retomó esta figura, pero el Acto Legislativo 03 de 2002 volvió a abrir la posibilidad de que los particulares pudieran ejercer funciones jurisdiccionales como jurados en causas criminales, sin que hasta hoy exista un desarrollo legal que materialice ese mandato. El análisis normativo de la Constitución Política de 1991, la Ley 906 de 2004 y la Ley 1826 de 2017 revela una carencia frente a la reglamentación del jurado popular. A pesar de que la ley reconoce su existencia formal, la falta de regulación práctica impide su aplicación dentro del proceso penal abreviado. La persistencia de esta omisión genera interrogantes sobre la coherencia del modelo acusatorio colombiano, que, aunque inspirado en sistemas de tradición anglosajona, ha excluido un componente esencial de estos: la participación ciudadana directa en los juicios penales. Desde una perspectiva comparada, la Ley Orgánica 5 de 1995 del Tribunal del Jurado en España ofrece un referente útil para reflexionar sobre la viabilidad de adaptar este mecanismo al contexto colombiano. Dicho modelo demuestra que es posible compatibilizar la participación popular con la técnica jurídica mediante reglas claras de selección, capacitación y deliberación, preservando las garantías procesales. El análisis comparado permite identificar buenas prácticas susceptibles de replicarse en Colombia, especialmente en delitos de mediana gravedad donde el juicio oral conserva un alto valor pedagógico y democrático esta investigación propone una serie de lineamientos normativos y operativos para la eventual implementación de jurados populares en el procedimiento penal abreviado colombiano. Dichas propuestas se orientan a fortalecer la transparencia, la confianza en la justicia y la legitimidad de las decisiones judiciales, sin sacrificar la celeridad ni la eficacia procesal. El estudio concluye que la participación ciudadana en la justicia penal no debe entenderse como una figura del pasado, sino como un reto contemporáneo que exige rediseñar mecanismos de equilibrio entre técnica jurídica, democracia y confianza institucional.
Resumen en inglés
The figure of the jury of conscience has historically represented a symbol of citizen participation in the administration of justice in Colombia. From its incorporation in the New Granada period until its definitive abolition through Decree 1861 of 1989, this institution reflected the aspiration to balance the punitive power of the State with the moral vision of the people. However, its suppression justified by reasons of procedural speed and legal certainty marked the transition toward a more technical and professionalized criminal justice system. The 1991 Constitution did not reinstate this figure, but Legislative Act 03 of 2002 reopened the possibility for private citizens to exercise judicial functions as jurors in criminal cases, although to this day no legal development has materialized that mandate. The normative analysis of the 1991 Political Constitution, Law 906 of 2004, and Law 1826 of 2017 reveals a relative legislative omission regarding the regulation of the popular jury. Although the law formally recognizes its existence, the lack of practical regulation prevents its application within the abbreviated criminal procedure. The persistence of this omission raises questions about the coherence of the Colombian accusatory model, which, although inspired by Anglo-Saxon legal traditions, has excluded one of their essential components: direct citizen participation in criminal trials. From a comparative perspective, Spain’s Organic Law 5 de 1995 on the Jury Tribunal offers a useful reference for reflecting on the feasibility of adapting this mechanism to the Colombian context. This model demonstrates that it is possible to reconcile popular participation with legal technique through clear rules of selection, training, and deliberation, while preserving procedural guarantees. The comparative analysis allows the identification of best practices that could be replicated in Colombia, especially in medium-severity crimes where oral trials retain high pedagogical and democratic value. This research therefore proposes a series of normative and operational guidelines for the eventual implementation of popular juries in the Colombian abbreviated criminal procedure. These proposals aim to strengthen transparency, trust in the justice system, and the legitimacy of judicial decisions without sacrificing procedural speed or efficiency. The study concludes that citizen participation in criminal justice should not be understood as a figure of the past, but as a contemporary challenge that demands the redesign of mechanisms to balance legal technique, democracy, and institutional trust.