Publicación: Análisis dogmático del conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria en casos de concusión en la fuerza pública colombiana.
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Resumen en español
Esta investigación analiza el conflicto de competencias entre la jurisdicción penal militar y la ordinaria en Colombia, con énfasis en los delitos de concusión cometidos por miembros de la Fuerza Pública. El estudio examina los criterios utilizados para determinar la relación entre el delito y el servicio, revisando el marco normativo de la concusión, entendida como la exigencia o solicitud de beneficios indebidos por parte de un servidor público en ejercicio de sus funciones, y destacando la dificultad interpretativa sobre cuándo esta conducta se vincula al servicio. El concepto de relación con el servicio es decisivo para determinar la competencia militar. La Corte Constitucional, en la sentencia C-358 de 1997, estableció dos requisitos para la configuración del fuero penal militar: un elemento subjetivo, consistente en que el delito sea cometido por un miembro activo de la Fuerza Pública, y un elemento funcional, según el cual la conducta debe estar vinculada al servicio. La misma decisión precisó tres criterios: el hecho punible debe surgir como una extralimitación o abuso de poder en el ejercicio de funciones propias del cuerpo armado; este vínculo se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, como en los crímenes de lesa humanidad; y la relación debe desprenderse claramente de las pruebas, dado el carácter excepcional de esta jurisdicción. El objetivo principal es analizar la incidencia de estos criterios, a través de un estudio de decisiones proferidas por las dos jurisdicciones, con el fin de evidenciar la necesidad de una línea jurisprudencial unificada y consolidada que aporte claridad a la interpretación del concepto de relación con el servicio. El estudio compara decisiones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Penal Militar, evidenciando contradicciones que reflejan la ausencia de un criterio unificado. Estas tensiones generan inseguridad jurídica y afectan la administración de justicia. En conclusión, se evidencia la necesidad de una línea jurisprudencial unificada que precise el alcance del concepto de relación con el servicio en casos de concusión cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
Resumen en inglés
This research analyzes the conflict of jurisdiction between the military criminal justice system and the ordinary jurisdiction in Colombia, with an emphasis on concusión offenses committed by members of the Armed Forces. The study examines the criteria used to determine the relationship between the offense and the service, reviewing the legal framework of concusión, understood as the demand or request for undue benefits by a public official in the exercise of their duties, and highlighting the interpretative difficulty of identifying when this conduct is linked to service. The concept of connection with service is decisive for determining military jurisdiction. In ruling C-358 of 1997, the Constitutional Court established two requirements for the application of military criminal jurisdiction: a subjective element, consisting of the offense being committed by an active member of the Armed Forces, and a functional element, according to which the conduct must be related to service. The same decision set forth three criteria: the punishable act must arise from an overreach or abuse of authority within the exercise of duties inherent to the armed force; this link is broken when the offense reaches an unusual level of severity, as in crimes against humanity; and the connection must clearly arise from the evidence, given the exceptional nature of this jurisdiction. The main objective is to analyze the impact of these criteria through a study of decisions issued by both jurisdictions, in order to demonstrate the need for a unified and consolidated jurisprudential line that brings clarity to the interpretation of the concept of connection with service. The study compares decisions from the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice, and the Military Criminal Tribunal, revealing contradictions that reflect the absence of a unified standard. These tensions generate legal uncertainty and affect the administration of justice. In conclusion, the findings demonstrate the need for a unified jurisprudential approach that clearly defines the scope of the concept of connection with service in cases of concusión committed by members of the Armed Forces.